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Boletín de noticias 9 de mayo de 2012
EL TIEMPO
'EPS Y FISCALÍA, CON ARGUMENTOS IGUALES PARA DESVIRTUAR A CONTRALORÍA'
Contralora Morelli denuncia que hay una "actitud sospechosa" para atacar denuncias por corrupción.
La contralora General, Sandra Morelli, denunció este martes en el Senado que existe una "identidad francamente sospechosa" entre los argumentos que los abogados de las EPS y los funcionarios de la Fiscalía utilizan para desacreditar las denuncias por corrupción en el sector salud que ha hecho su organismo.
"Esa tendencia de descalificar de manera generalizada la actividad fiscalizadora de la Contraloría, nos parece mal sana, y en casos concretos con una identidad francamente sospechosa de argumentaciones entre autoridades y abogados defensores para casos concretos", aseguró Morelli.
La funcionaria agregó que los funcionarios de la Fiscalía que llevan los procesos de corrupción en el sector salud llegaron a una "situación crítica de que no solo se limitan a no actuar, sino incluso a descalificar el acervo probatorio con base en el cual nosotros tomamos decisiones".
"Nos llama la atención la identidad de planteamientos hechos por los funcionarios de la Fiscalía, con las estrategias de defensa de los abogados defensores de las EPS", agregó la Contralora.
Morelli también reiteró que el superintendente de Salud, Conrado Gómez, la llamó en una ocasión y "me pidió cita para decirme que iba a devolver Salucoop", una de las EPS que se intervinieron por los casos de posibles corrupción que se destaparon en el sector salud.
Aunque dijo que Gómez "puede devolverla porque es el administrador", la Contralora le criticó que "las intervenciones no se hacen para que duren 1, 5 o 18 años, sino para superar la situación que genera la intervención o para liquidar".
Morelli advirtió que "esas intervenciones excesivamente prolongadas en el tiempo, en el sector salud, en el sector financiero y en cualquier otro, lo que hacen es volver al Estado responsable de una situación de mala administración que crearon los dueños, en este caso los administradores de la respectiva empresa".
La Contralora General recordó que el escándalo de corrupción en el sector salud llevó al país a que "estamos ante una situación absurda en la que, al menos en la auditoría que hicimos a 1 billón y medio de pesos, pudimos establecer, con toda certeza, un desvío de 1 billón 140 mil millones de pesos".
Sandra Morelli acudió a la plenaria del Senado a rendir un informe sobre las investigaciones en el sector salud, que fue solicitado por el presidente del congreso, Juan Manuel Corzo, quien hizo un llamado al Gobierno "para que se tape el boquete" que se abrió con todas las irregularidades que se han hallado.
POLÉMICO ARTÍCULO EN REFORMA JUDICIAL FAVORECE A CONGRESISTAS
Legisladores procesados ante las cortes podrían votar proyectos para cambiar el sistema judicial.
Luego de que se radicó la ponencia para sexto debate de la reforma de la justicia, cuyo contenido reveló EL TIEMPO.COM, se denunció en el Senado que la iniciativa incluye un polémico artículo que le permitiría a todos los congresistas investigados (parapolítica, pérdidas de investidura, estupefacientes, entre otros) participar en la elaboración de los proyectos de ley con los que se reformará el sistema judicial. (Lea también: Proponen dos comisiones para juicio polìtico de aforados en reforma).
El artículo 30 de la ponencia, que se incluyó como transitorio, indica que "no existirá conflicto de intereses cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo".
Esto en plata blanca quiere decir que los procesados por escándalos como la parapolítica, el de la Dirección Nacional de Estupefacientes o quienes estén investigados por pérdidas de investidura, entre otros, podrán votar y hacer proposiciones sobre los proyectos de ley necesarios para desarrollar la reforma de la Justicia.
Así lo consideró el senador Luis Carlos Avellaneda, quien aseguró que "esta es la reforma de la inmoralidad", porque "no habrá lugar a impedimentos y, en consecuencia, la gente podrá votar proyectos de ley, así vaya a votar para beneficio propio".
Agregó que "esto me parece una violación del principio de moralidad y del principio de ética que es tratado en la Constitución".
De otro lado, la ponencia para sexto debate no tuvo mayores cambios a lo publicado por este diario. En lo relacionado con el antejuicio político para aforados, se determinó la creación de una comisión de "alto nivel" que postulará y elegirá la Cámara para realizar este proceso, pero ninguno de sus integrantes podrá ser congresista.
De esta forma, particulares podrán realizar un recaudo de información previa sobre, por ejemplo, las denuncias contra el Presidente, y deberá rendir un informe para que la Cámara decida si se debe o no adelantar el proceso político.
El liberal Jesús Ignacio García dijo que "no se hará ningún pronunciamiento que tenga que ver con la responsabilidad penal", y aclaró que "no es una inmunidad, solo es una protección a la dignidad del cargo".
El conservador Eduardo Enríquez Maya confirmó que "se establece la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura: la primera será ante una de las sala del Consejo de Estado, y la segunda será ante la sala plena".
Y Luis Fernando Velasco (liberal) ratificó que, a pesar de la oposición de las altas cortes, "se permite que otros particulares puedan ayudar a descongestionar la justicia".
PROPONEN DOS COMISIONES PARA JUICIO POLÍTICO DE AFORADOS EN REFORMA
ELTIEMPO.COM conoció el borrador del proyecto de reforma judicial, para sexto debate en Senado.
El borrador de la ponencia de la reforma de la justicia -que será radicada hoy para sexto debate- determina la forma en que se desarrollará el juicio político previo a cualquier proceso penal o disciplinario para aforados en el Congreso, indica que el nuevo Consejo Disciplinario Judicial tendrá nueve integrantes, y, a pesar de la oposición de las altas cortes, mantiene las facultades jurisdiccionales para abogados y notarios. El texto, conocido por EL TIEMPO.COM, desarrolla los acuerdos a los que se llegó la semana pasada en la Casa de Nariño y que fueron necesarios para destrabar el trámite de la iniciativa en el Congreso.
También se mantiene que el juicio penal de los congresistas se desarrolle en dos instancias en la Corte Suprema de Justicia, y el disciplinario, como lo anticipó este diario, se realice en la Procuraduría, en dos salas diferentes, pero se aclara que el jefe del Ministerio Público no intervendría en los procesos.
Aunque en principio estaba presupuestado que la ponencia se radicara ayer, esta decisión se aplazó porque persisten diferencias en algunos aspectos, especialmente en cómo funcionará el antejuicio político de los aforados y también porque las mismas cortes se oponen a medidas que se incluyen allí.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, reiteró su oposición a que abogados y notarios tengan facultades jurisdiccionales en procesos menores. "Así se lo expresé al presidente Juan Manuel Santos y damos por entendido que esto se tendrá en consideración", dijo el magistrado.
Mientras tanto, la Comisión de Acusación de la Cámara se niega a desaparecer. Su presidente, el conservador Germán Blanco, dijo que la propuesta de eliminación se debe a que "la gran mayoría de los senadores está cuestionada ante las altas cortes y me parece que a algunos de ellos les faltó factor crítico y aporte a esta discusión".
Por este tipo de diferencias, en la mañana de hoy realizarán un desayuno de trabajo los ponentes de la reforma de la justicia para hacerle los últimos ajustes a la ponencia, radicarla y citar a la plenaria del Senado para su votación en sexto debate mañana.
Facultades para la descongestión judicial
El borrador mantiene las facultades para que abogados y notarios conozcan de casos menores, a pesar de la fuerte oposición que las altas cortes han expresado a este punto. El senador Jesús I. García, uno de los ponentes, aclaró que "si no se dicta la ley reglamentaria, consensuada por los tres poderes, jamás se ejercerá esta función".
Consejo de Disciplina Judicial
Según el borrador, estará integrado por nueve personas con calidades de magistrados, que elegirá el Congreso de ternas que envíen las cortes Suprema y Constitucional y el Consejo de Estado. No tendrán fuero constitucional, por lo que no serán cubiertas por el antejuicio político. EL TIEMPO.COM supo que personas cercanas al Consejo de Estado han pedido que se le otorgue a este tribunal la facultad de revisar en segunda instancia esas decisiones.
Antejuicio político
La Cámara podrá acusar por indignidad política al Presidente, al Vicepresi- dente, al Fiscal, al Procurador, al Contralor y a los magistrados de las altas cortes. Se propone que estos procesos los lleve "una Comisión Constitucional, integrada por tres senadores y tres representantes que sean abogados". La propuesta no tiene consenso, por lo que se plantea, según el senador Jesús Ignacio García, que exista una comisión asesora externa al Congreso que rinda un informe sobre los casos graves.
El reemplazo de la Sala Administrativa
Se crea el Sistema Nacional de Administración Judicial, que estará integrado por tres instancias: la Sala de Gobierno, la Sala Ejecutiva de Administración Judicial y el Director Ejecutivo de Administración Judicial. Este sistema se encargará de "diseñar y fijar las políticas" de la Rama en materia presupuestal, y de los lineamientos necesarios para su funcionamiento.
Fiscalía ofrecería beneficios a secretaria de la Judicatura
La abogada Yira Lucía Olarte Ávila, la primera implicada en el escándalo por nombramientos de magistrados realizados en seccionales del Consejo Superior de la Judicatura, podría acogerse a beneficios a cambio de colaboración con la justicia.
La Fiscalía contempla ofrecerle esta posibilidad después de haber escuchado sus explicaciones sobre los supuestos nombramientos irregulares.
Durante cuatro horas, Olarte respondió el interrogatorio al que fue sometida por los investigadores del caso e insistió en que las inconsistencias encontradas en las actas son en realidad errores humanos involuntarios en los que incurrió, "debido a la exagerada carga de trabajo" a la que estaba sometida.
Esta afirmación ha causado extrañeza entre sus subalternos. Ellos la describen como una jefe exigente por su rigurosidad y exactitud en el trabajo.
"Ella siempre está pendiente de todo detalle en el trámite de los documentos", dijo uno de sus compañeros, que la ha acompañado durante los 11 años que lleva en ese tribunal.
En el 2005, el Consejo Superior de la Judicatura le otorgó la medalla al mérito José Ignacio de Márquez -el máximo reconocimiento de la justicia a sus funcionarios- por ser una de sus empleadas más destacadas.
El premio exaltaba su "dedicación continua, la pulcritud y prestancia en la prestación del servicio", según el documento que lo acredita.
Antes de su arribo a la Judicatura, esta abogada, con 20 años de experiencia en derecho disciplinario, egresada de la Universidad Libre (y con especializaciones y doctorados en las universidades Externado y el Rosario), ejerció como personera delegada para la Vigilancia Administrativa de Bogotá.
Por su experiencia, también cumplió labores de secretaria en las reuniones del Comité Interinstitucional de la Justicia, órgano integrado por los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación.
La denuncia sobre el supuesto fraude con nombramientos fue presentada por la magistrada de ese mismo tribunal María Mercedes López y revelada por el fiscal general, Eduardo Montealegre, el pasado jueves durante la cumbre de poderes.
LOS DOS PUNTOS POLÉMICOS DE LA REFORMA DE LA JUSTICIA
Ningún congresista debería declararse impedido para votar proyectos sobre sistema judicial.
Con dos puntos polémicos empezará la discusión en sexto debate en la plenaria del Senado de la reforma de la justicia.
El primero tiene que ver con la posibilidad de que ningún congresista, así esté siendo investigado, tenga que declararse impedido para discutir y votar los proyectos de ley con los que se reforma el sistema judicial del país, y el segundo, con la posibilidad de que se incluya en el articulado la ampliación del periodo de magistrados de las altas cortes en ejercicio.
El primer punto significaría que los congresistas con investigaciones por 'parapolítica' o por el escándalo de la Dirección de Estupefacientes, entre otros, no se verán obligados a declararse impedidos para tramitar las leyes que desarrollen la reforma judicial, lo cual, según varios congresistas, "es legislar en causa propia".
El primero en prender las alarmas fue el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda, quien aseguró que "no habrá lugar a impedimentos y, en consecuencia, la gente podrá votar proyectos de ley, así vaya a votar para beneficio propio". Esta misma postura la compartió el presidente del Senado, el conservador Juan Manuel Corzo, quien dijo que "si uno es investigado, se debe apartar de la discusión y votación, y más cuando se trata de un desarrollo legal".
Incluso, uno de los ponentes, el senador Juan Carlos Vélez, reconoció que "estaría de acuerdo en retirar este artículo, porque se puede configurar un conflicto para beneficiar a un parlamentario". Su colega de 'la U' Armando Benedetti fue más directo: "Esto daría pie para que la gente legisle en causa propia".
Solo el conservador Eduardo Enríquez Maya defendió el artículo:
"Una reforma o un proyecto está por encima de cualquier interés personal".
En el 2010, el Congreso aprobó una reforma constitucional para que los legisladores no se tengan que declarar impedidos, en ninguna circunstancia, para tramitar enmiendas de la Constitución.
Pero este no será el único asunto espinoso en el debate previsto para iniciarse hoy. EL TIEMPO.COM confirmó que uno de los temas que se buscarán incluir es la ampliación de 8 a 12 años del periodo de los actuales magistrados de las altas cortes. Maya le dijo a este diario que "si se presenta esa proposición, por supuesto que la apoyaríamos". La ponencia para sexto debate no tuvo mayores cambios respecto a lo publicado ayer por EL TIEMPO.COM.
'No hay falsedades en las actas', dice secretaria de la Judicatura
Yira Lucía Olarte, la secretaria de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, la primera implicada en el escándalo por nombramientos en ese tribunal, aseguró ayer que fue "objeto de una falsa denuncia". "Se cometió un error de transcripción en las actas, pero los actos administrativos que se derivaron de ellas fueron firmados y ejecutados debidamente", dijo, y afirmó que la magistrada auxiliar Luz Elena Aranceti, quien labora en el despacho de María Mercedes López, fue presionada para que declarara en su contra: "Me advirtió que, así la echaran, no iba a declarar en contra mía".
CONTRALORÍA SE TOMÓ LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Se llevaron actas de la dirección y documentos sobre la EPS Saludcoop.
Este miércoles a la 2:48 de la madrugada culminó una inspección sorpresa que diez funcionarios de la Contraloría le hicieron a la Superintendencia de Salud.
Tras casi diez horas de búsqueda y basados en un anónimo, funcionarios pidieron todas las actas de junta sobre la intervención de Saludcoop, así como documentos de varias dependencias de la superintendencia.
Al parecer, se trata de una indagación preliminar contra personas indeterminadas que supuestamente han favorecido a algunas EPS, en detrimento del funcionamiento de otras más.
Según fuentes de la propia Contraloría, la orden de visita de la Súper data de principios de abril.
En la inspección estuvo presente Adriana Posso, la recién renunciada funcionaria de la Contraloría que denunció demoras en las investigaciones que lleva la Fiscalía sobre Saludcoop.
Sin embargo, no se conocen detalles del expediente que suscitó la diligencia porque permanece en absoluta reserva y ni siquiera tuvieron acceso los funcionarios de la Superintendencia que estuvieron allí.
'UTILIZAN UN ERROR PARA ESCONDER COSAS', DICE SECRETARIA DE JUDICATURA
Yira Olarte Ávila, vinculada al escándalo del carrusel de pensiones en el tribunal, se defiende.
Yira Lucia Olarte Ávila, la secretaria de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura implicada en el caso, desmintió las supuestas falsedades en actas de las sesiones para nombrar funcionarios.
"He sido objeto de una falsa denuncia. Están utilizando ese error humano para esconder otras cosas. Se están utilizando a los medios de comunicación para decir mentiras y presionar", dijo Olarte.
La Fiscalía investiga su actuación en el nombramiento de seis funcionarios en varias seccionales de la Judicatura, que, según denuncias, supuestamente se efectuaron sin contar con la aprobación de los siete magistrados de la Sala Disciplinaria de ese tribunal.
La funcionaria, quien ya rindió interrogatorio ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema que tiene a su cargo el caso, ha asegurado que las omisiones sobre los nombramientos encontradas en algunas actas obedecen a omisiones involuntarias.
El caso fue denunciado por la magistrada María Mercedes López ante la Fiscalía. Ella dijo que sus colaboradores descubrieron las inconsistencias en las actas mientras depuraba el archivo de su despacho. En esos documentos no figuran los nombramientos de al menos seis personas. Sin embargo, sus designaciones se apoyan en esas sesiones.
El caso fue hecho público por el fiscal general Eduardo Montealegre después de comunicarlo al presidente Juan Manuel Santos, los presidentes de las cortes y los congresistas, reunidos en la cumbre de poderes que se realizó para destrabar el proyecto de reforma a la justicia.
La Fiscalía ha encontrado evidencias para establecer que, al parecer, también se esté ante un carrusel de pensiones, pues dos de las personas nombradas permanecieron en sus cargos por corto tiempo, lo que les permitió incrementar sus pensiones, las cuales tramitaron después de renunciar.
En su primera aparición pública desde que se produjo el escándalo, la secretaria Olarte aseguró que las renuncias de los funcionarios y los nombres de quienes van a llenar estas vacantes siempre se han llevado a la Sala para su aprobación.
"Todas las decisiones de los magistrados se toman en sala. Y cuando se sale de una Sala se tiene que ejecutar las decisiones de los magistrados y a elaborar las actas, no hay posibilidad de que se haga un nombramiento sin que no esté autorizado por la Sala, ya sea por las mayorías o por unanimidad", explicó Olarte.
También aclaró que las actas no son actos administrativos válidos para materializar las decisiones de los magistrados, solo son registros detallados de las sesiones.
"Se cometió un error de transcripción en las actas, pero los actos administrativos que se derivaron de ellas fueron firmados y ejecutados debidamente. Además, las actas salieron muchísimo tiempo después de que se cumplieran esos actos administrativos.
Según Olarte, la magistrada auxiliar Luz Elena Aranceti, quien labora en el despacho María Mercedes López, fue presionada por su superior para que declarara en su contra. "Ella misma me lo dijo, me llamó y me advirtió que así la echaran no iba a declarar en contra mía".
Olarte aseguró que tiene los documentos para demostrar también que la magistrada María Mercedes López estuvo presente en la mayoría de las sesiones en las que se informaron de las vacantes y se designaron a los reemplazos denunciados como falsos.
"Ella (la magistrada López) estuvo presente en las sesiones que ahora denuncia y desde la fecha de los nombramientos hasta ahora jamás hizo algún reparo u observación por esas decisiones. Me extraña que la denunciante venga a reparar en un error cuatro años después", indicó Olarte
"Lo que quiero dejar en claro es que no hay falsedad en las actas, no hay espacios en blanco, no hay decisiones contrarias a la voluntad de la sala o escondidas a algún magistrado.
EL ESPECTADOR
MARCO PARA LA PAZ BENEFICIARÁ A MILITARES DEL PALACIO DE JUSTICIA
La idea es que si fueron indultados los guerrilleros del M-19 que se tomaron el Palacio, los militares también puedan acogerse a la justicia transicional.
Este martes fue confirmado que los militares que están inmersos en los procesos por la retoma del Palacio de Justicia podrían acogerse a los beneficios del marco legal para la paz que está en trámite en el Congreso de la República.
Como lo adelantó El Espectador el pasado 6 de febrero, la idea es que los uniformados puedan acceder al mecanismo de justicia transicional que llevaría a la suspensión de la pena, según lo establece la reforma en trámite.
El senador Roy Barreras, autor del acto legislativo, dijo que es partidario de que en el marco del conflicto, aquellos militares que sean culpables en última instancia, siendo ese un delito cometido en el marco del conflicto y habiendo indultado a los terroristas del M1-9 que se tomaron el Palacio de Justicia, puedan acogerse a la justicia transicional.
“La Ley de Víctimas incluyó a las víctimas de agentes del Estado y cómo pueden conocer esos mártires la verdad sino es porque sus victimarios se someten a la justicia transicional”, sostuvo Barreras.
Así las cosas, luego de la confesión de cualquier presunto delito cometido, los militares implicados en el caso del Palacio podrían recibir la suspensión de las penas.
De otro lado, Barreras aclaró que ningún crimen atroz o de lesa humanidad hará parte del marco para la paz. La idea es que en futuras desmovilizaciones masivas, donde el Estado no tenga elementos para perseguir a quien entregue las armas, pueda aplicarse esa herramienta.
El acto legislativo plantea instrumentos de justicia transicional para los actores del conflicto (incluido los militares). Se convertiría en la herramienta jurídica para que el presidente Juan Manuel Santos establezca una negociación con grupos armados insurgentes.
El proyecto será discutido por la Cámara de Representantes en sexto de ocho debates.
MAGISTRADA DEFENDIÓ DENUNCIA DE NOMBRAMIENTOS IRREGULARES EN JUDICATURA
María Mercedes López señaló que fueron siete los casos que encontró de posibles actas falsificadas que habrían favorecido a magistrados,
Una férrea defensa de sus denuncias sobre irregularidades en nombramientos y falsificación de actas hizo en la noche martes la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, considerando que tiene todos los documentos para soportar las quejas que hizo ante la Fiscalía General.
En este sentido consideró que sí existen irregularidades sobre la falsificación de actas con las que habría nombrado magistrados seccionales en la Judicatura, hecho por el cual manifestó que seguirá adelante en sus denuncias sobre estos hechos.
“Yo he sido muy cuidados de no señalar absolutamente a nadie y yo por eso reitero: cumplí con mi deber de ciudadana lo hice en el momento en que nosotros nos dimos cuenta. En ese orden de ideas, si a uno lo quieren denunciar por falsa denuncia pues tendría que ser una falsa denuncia contra alguien y yo no estoy señalando a nadie”, precisó la magistrada López.
La magistrada López señaló igualmente que fueron siete los casos que encontró de posibles actas falsificadas qu habrían favorecido a magistrados, algunos de los cuales ya estarían gozando de pensión.
La magistrada fue reiterativa en señalar que nunca ha hecho señalamientos ni juicios de responsabilidad contra persona alguna cuando realizó las denuncias ante la Fiscalía en medio de este escándalo conocido como el ‘carrrusel de las pensiones’.
Reveló además que después de las denuncias presentadas en la Fiscalía hace dos semanas, la Policía Nacional ordenó aumentar su esquema de seguridad y el de su familia.
EL NUEVO SIGLO
PLIEGO DE CAMBIOS DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
En el artículo 28 constitucional se precisa que el legislador creará un “centro especial de atención” para que la Policía conduzca “excepcionalmente” a quien crea con “riesgo fundado” de que “pueda causarse daño a sí mismo o a terceros, por padecer perturbaciones mentales transitorias derivadas del consumo de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o alucinógenas”.
La ley que reglamente este punto deberá tener en cuenta que la detención “se extenderá únicamente mientras subsistan las circunstancias que dieron lugar a la misma” sin que pueda exceder de 36 horas.
Judicatura
En el artículo 116 de la Constitución reemplaza el Consejo Superior de la Judicatura por “el Consejo Nacional de Disciplina Judicial”.
Facultades
En el mismo artículo 116 precisa que las funciones jurisdiccionales transitorias atribuidas a abogados con fines de descongestión solo se otorgarán “por períodos de hasta cinco (5) años”.
Allí también agrega a la lista de quienes podrían ejercer esas atribuciones temporales a los “empleados judiciales”.
Juicios en Senado
En el artículo 175 agrega que “si la conducta es constitutiva de delito, impuesta la anterior sanción por el Senado, pondrá al funcionario a disposición de la Corte Suprema de Justicia para que adelante el correspondiente proceso penal”.
Comisión de Acusación
En el artículo 178, al enumerar las atribuciones especiales de la Cámara, tras señalar en el numeral 5 que una de ellas es “conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios” agrega lo siguiente:
“Si la denuncia se refiere a delitos comunes y la Comisión de Aforados la encuentra fundada, la Cámara la remitirá a la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia. Las denuncias infundadas o temerarias serán archivadas por la comisión.
“Cuando se encuentre fundada la denuncia o queja por una conducta que pueda constituir delito relacionado con sus funciones o infracción a los deberes funcionales de conformidad con la Constitución y las Leyes, la Cámara dará traslado de ella a la Comisión de Aforados que estará integrada por 9 juristas de alta reputación preferentemente ex magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o profesores eméritos de universidades públicas o privadas o profesionales del Derecho que hubieren ejercido la profesión con buen crédito por más de 30 años, quienes serán elegidos a razón de cinco por la Cámara de Representantes y cuatro por el Senado, para un periodo de 4 años, dentro de los 30 días siguientes a la instalación del Congreso elegido para un periodo constitucional, y no serán reelegibles. Esta Comisión se encargará de establecer si hay mérito o no para acusar ante el Senado y así lo informará a la plenaria de la Cámara.
“La Cámara prestará a esta Comisión todo el apoyo humano y logístico requerido para el cabal cumplimiento de su función con celeridad, eficiencia y eficacia.
“Parágrafo primero: La denuncia o queja que se formule contra los servidores públicos a los que se refiere el artículo 174 de la Constitución, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por indignidad, por mala conducta o por delitos comunes, se presentará personalmente por el denunciante mediante escrito acompañado de las pruebas que obren en su poder o de la relación de las pruebas que deban practicarse y que respaldan la denuncia o queja. Iguales requisitos deben cumplir las denuncias o quejas que se presenten contra los congresistas por delitos o faltas disciplinarias.
“Sin embargo no se requerirá presentación personal para la denuncia de delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
“Parágrafo segundo. Las decisiones proferidas por el Senado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174 y por la Cámara en virtud de lo normado en este artículo, son de naturaleza política y, por tanto, no implican el ejercicio de función judicial o administrativa. En consecuencia no tendrán acción ni recurso alguno ante otra autoridad”.
Pérdida de investidura
En el artículo 184 se precisa que en el proceso de suspensión o pérdida de investidura “se tendrá en consideración el dolo o la culpa con que se haya actuado” y la sanción deberá atender al principio de proporcionalidad.
Administración judicial
En el artículo 254 se establece “el Sistema Nacional de Administración Judicial”, cuya “Sala Ejecutiva” estará “integrada por:
“1. Un delegado permanente de la Corte Constitucional.
“2. Un delegado permanente de la Corte Suprema de Justicia.
“3. Un delegado permanente del Consejo de Estado.
“Los miembros de esta Sala serán funcionarios de libre nombramiento y remoción de la respectiva Corte, deberán contar con los mismos requisitos del Director Ejecutivo de la Administración Judicial y no podrán ser miembros de las corporaciones postulantes.
“c) El Director Ejecutivo de Administración Judicial”.
Disciplina judicial
En el artículo 257 se precisa que “el Consejo Nacional de Disciplina Judicial estará integrado por nueve (9) consejeros elegidos por el Congreso de la República de ternas elaboradas a razón de tres (3) por la Corte Constitucional, tres (3) por el Consejo de Estado y tres (3) por la Corte Suprema de Justicia. Para ser miembro del Consejo Nacional de Disciplina Judicial es necesario contar con los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ser especialista preferentemente en Derecho Disciplinario”.
Disciplina a congresistas
En el artículo 277 se incluye un parágrafo del siguiente tenor: “Las investigaciones disciplinarias contra los Congresistas se adelantarán y decidirán en Salas de primera y segunda instancia conformadas al interior de la Procuraduría General de la Nación, de las cuales no hará parte el Procurador General de la Nación. Los integrantes de estas Salas no podrán comisionar ni delegar la práctica de pruebas. Estas investigaciones no podrán adelantarse en razón de conductas relacionadas con el ejercicio de funciones legislativas”.
JUDICATURA REPLICA COSTO DE CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
La Cumbre de las Américas, realizada los días 14 y 15 de abril en Cartagena, representó para el erario un costo aproximado de $62.000 millones, según la información suministrada por la Cancillería, sin incluir los gastos del sector defensa ni de otros. Frente a esta cifra, el Consejo Superior de la Judicatura se preguntó ayer qué habría podido hacer con ese dinero la Rama Judicial.
Y el mismo se responde, por medio de un comunicado, que “con este monto, que fue invertido en sólo 2 días, la Rama Judicial habría podido crear y poner en funcionamiento pleno 150 juzgados, considerando 70 juzgados de nivel Municipal, 65 de nivel Circuito y 15 despachos de Magistrado que representan 5 Tribunales y 10 salas de audiencias”.
Y añade que “otra alternativa habría sido la creación e implementación de 125 juzgados, considerando 60 juzgados de nivel Municipal, 50 de nivel Circuito y 15 despachos de Magistrado, también con el respectivo mantenimiento y dotación de insumos por el lapso de un año, con lo cual se podría alivianar significativamente la congestión en materia civil. O bien, habrían podido construirse 3 Palacios de Justicia para ciudades intermedias (como Yopal, Girardot o Arauca)”.
Y finaliza diciendo que “en la Rama Judicial queda la inquietud sobre la lógica o la racionalidad que fundamenta la adopción de algunas decisiones relacionadas con la priorización de la asignación del gasto público”.
Esta comunicación se produce unos días después de que el Gobierno nacional lograra que los ponentes para sexto debate de la Reforma a la Justicia propusieran la eliminación de este Tribunal, pues hasta el quinto debate se aprobó la supresión de la Sala Administrativa y la permanencia de la Sala Disciplinaria.
El Consejo Superior de la Judicatura sería reemplazado por una Sala de Gobierno que se ocupará de la administración de la Rama, así como por la creación de un Consejo Disciplinario.
REVISTA SEMANA
REFORMA A LA JUSTICIA "NO ALTERA" LA FIGURA DE LA REELECCIÓN, DICEN PONENTES
Como el proyecto modifica algunas expresiones del artículo de la Constitución que consagra la reelección presidencial, generó una confusión en el Congreso porque algunos lo interpretaron como la posibilidad de que Álvaro Uribe se reeligiera una vez más.
Martes 8 Mayo 2012Uno de los textos más complicados por ajustar es la reforma a la justicia. Cada modificación propuesta, cada nombre de las instituciones que se cambien, cada ajuste, obliga a armonizar todos los artículos de la Constitución que hablen de magistrados de las altas Cortes, funcionarios aforados, presidentes de la República.
Como la ponencia para sexto debate debe modificar la Constitución, todos los artículos que hagan referencia al Consejo Superior de la Judicatura, tienen que ser cambiados en la Carta Magna.
Uno de esos artículos es el 197 de la Constitución, el mismo que fue modificado en el 2004 y que consagró la figura de la reelección presidencial.
Ese artículo, según la Constitución actual, dice que "nadie podrá ser reelegido para ocupar la Presidencia de la República o vicepresidencia por más de dos periodos".
Pero el artículo, originalmente, tiene un parágrafo transitorio que dice "quien ejerza o haya ejercido la Presidencia de la República antes de la vigencia del presente Acto Legislativo sólo podrá ser elegido para un nuevo periodo presidencial".
Esa lectura que incluye el parágrafo "antes de la vigencia del presente acto legislativo, pueda ser elegido para un nuevo periodo presidencial", generó inquietud en el Congreso. Pero ese parágrafo es del acto legislativo No. 002 del 2004, es decir ya existía, y no será modificado por las actual reforma a la justicia.
Muchos congresistas a los que les gusta encontrar la letra menuda en la interpretación, consideraron que eso le abriría las puertas a que Álvaro Uribe pudiera volver a aspirar a la presidencia. Algunos de ellos fueron Germán Navas Talero, que en principio dio esa interpretación, y el senador Juan Carlos Vélez, que admitió que pudo haber sido un error de redacción, involuntario, que merecía ser ajustado en el debate.
El revuelo fue total. Muchos lo llamaron el "mico reeleccionista de la reforma a la justicia".
Pero el coordinador de ponentes del proyecto, senador Jesús Ignacio García, se encargó de aclarar tamaña confusión.
El parágrafo transitorio que generó este enredo es el mismo que está consagrado en la Constitución después de que se aprobó la reelección presidencial, y que le da la posibilidad a expresidentes como Belisario Betancur, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, de aspirar a un segundo periodo presidencial. Es decir a los mandatarios que precedieron a Álvaro Uribe y que a la fecha no se han reelecto.
"La enmienda del artículo 197 solo se realizó porque al eliminar el Consejo Superior de la Judicatura e incluir los cargos de consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial y miembros del Sistema Nacional de Administración Judicial, fue necesario abordar el artículo en que está reglamentada la reelección presidencial pero sin realizar modificaciones de fondo. Este no es un tema nuevo porque ya estaba incluido en la Constitución por lo tanto no modifica la inhabilidad que tiene Uribe para aspirar de nuevo a la presidencia", explicó García.
Es decir que el inciso del artículo 197 de la constitución que se cambiará en la Reforma a la Justicia es el 3 referido a los nuevos cargos que se crearán con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y que implican la aparición de un nuevo ente: el Consejo Nacional de Disciplina Judicial y el Sistema Nacional de Administración Judicial. Los funcionarios que hagan parte de estas nuevas corporaciones deben renunciar un año antes a sus cargos si quieren aspirar a la Presidencia de la República.
CONGRESO AMPLÍA SU FUERO?
En la ponencia para sexto debate de la Reforma a la Justicia, el Congreso respetó el acuerdo de poderes. Pero aprovechó para incluir "ciertos blindajes" en las investigaciones de los organismos de control a sus integrantes que, en todo caso, no llegan a una plena inmunidad.
Martes 8 Mayo 2012Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera del Senado, convocó a una conferencia de prensa para explicar y aclarar los cambios que tendrá la reforma a la justicia en su sexto debate.
En frente de las cámaras de los medios de televisión, y rodeado de micrófonos y grabadoras de todas las cadenas, Velasco le hizo una recomendación a los periodistas. "Los temas centrales de la reforma no los han debatido en los medios. Esta reforma se hace es para descongestionar cuatro millones de procesos represados, y para que 45 millones de colombianos tengan justicia pronta y eficaz".
Una causa idealista y que no genera controversia. Nadie se atreve a estar en contra de ese propósito. Una causa cuyo compromiso reafirmaron los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) el pasado jueves en la llamada Cumbre de Poderes, que destrabó la rueda de la reforma a la justicia.
Pero en contra del propósito de Velasco, esa causa -que el gobierno llama "el corazón de la reforma"- quedó relegada a un segundo plano.
Más aún cuando los senadores ponentes, Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya y Juan Carlos Vélez Uribe, al explicar la formula como se juzgarían a los funcionarios aforados, los cambios a la sanción de la perdida de investidura, los juicios políticos, y hasta como operarían el reemplazo de la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura, daban la sensación de que el Congreso, habría aprovechado la ponencia para sexto debate, para fortalecerse frente a los otros poderes del Estado.
Por eso, el senador Velasco parecía extrañado que los periodistas no preguntaran sobre la descongestión judicial. El interés se concentraba en las nuevas piezas de una armadura que el Congreso diseña para, sin llegar a ella, tener un importante grado de inmunidad.
Dos instancias que parecen cuatro
Los tres poderes acordaron establecer la doble instancia para el juzgamiento de congresistas simpre y cuando lo hiciera la Corte Suprema de Justicia.
Pero la fórmula que encontró el Congreso para su juzgamiento puede tener más instancias que las de cualquier proceso penal.
La reforma a la justicia crea una nueva Sala de Investigación y Calificación, integrada por seis magistrados (designados por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado). Tres de ellos "adelantarán la investigación penal en primera instancia". Los tres restantes "“conocerán la segunda instancia" en la investigación.
Luego, esta nueva Comisión, tras esas dos instancias de investigación, acusaría, de ser el caso, a los congresistas. Y solo hasta ese momento, los congresistas podrán ser detenidos. Hoy pueden ser detenidos desde el llamado a indagatoria.
El juicio a los congresistas lo adelantará, en primera instancia, una subsala de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por cinco magistrados. La segunda instancia la adelantará la Sala plena de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de los cinco primeros magistrados que conocieron el proceso en la primera instancia.
La fórmula se lee compleja, pero los congresistas, al garantizar su derecho a la doble instancia en los juicios penales (eran los únicos ciudadanos colombianos que no lo tenían), crearon dos instancias para la investigación y pusieron la protección de que no serán capturados sino hasta que los investigadores los acusen.
El escudo contra la pérdida de investidura
Si hay algo a lo que los congresistas le temen son a los procesos de pérdida de investidura. Como hombres públicos, están expuestos a que los denuncien, por cualquier motivo. Pero un proceso de pérdida de investidura, no sólo es millonario (avaluado por los abogados expertos en casi 300 millones de pesos), podría significar la muerte política del congresista.
Los tres poderes acordaron que los congresistas podrían defenderse, también, en dos instancias. Pero según la ponencia de la reforma incluyeron cuatro modificaciones que los haría cada vez menos vulnerables a este tipo de sanciones que parecerían lapidarias.
Además de consagrar la doble instancia para este tipo de procesos, el Congreso decidió proponer la ampliación de los términos de estos casos que son conocidos por el Consejo de Estado.
Si al momento de admitir la demanda, hoy el Consejo de Estado tenía 20 días para resolverla, ahora tendrán 40 en cada instancia. Es decir, en la práctica, las pérdidas de investidura ya no serán resueltas en 20 días sino en 80 días hábiles.
El Congreso insiste en que la perdida de investidura no sea la única sanción, sino que se module. Por eso incluyeron que se contemple la suspensión por un año, antes de la temida pérdida de investidura.
Pero en las modificaciones de la ponencia, los congresistas incluyeron que las demandas en su contra, tienen que ser "con alta dosis de tecnicismo jurídico", según explicó Eduardo Enríquez Maya.
En esencia lo que busca el Congreso es que no se presenten denuncias temerarias, y para ello, consignaron en la ponencia una disposición que indica que si el demandante pierde el proceso, tendrá que asumir todos los gastos del mismo. Muchos se preguntarán, ¿quién se atreve ahora a demandar a un congresista? Estaría expuesto a acarrear todos los gastos del proceso si decide hacerlo.
Legislar sin impedimentos
Y por si fuera poco, los congresistas los congresistas investigados (parapolítica, pérdidas de investidura, estupefacientes, entre otros) podrían participar en la elaboración de los proyectos de ley con los que se reglamentará las disposiciones de esta reforma.
El artículo 30 de la ponencia, que se incluyó como transitorio, indica que "no existirá conflicto de intereses cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo".
Esto significa que los procesados por escándalos como la parapolítica, el de la Dirección Nacional de Estupefacientes o quienes estén investigados por pérdidas de investidura, entre otros, podrán votar y hacer proposiciones sobre los proyectos de ley necesarios para desarrollar la reforma de la Justicia.
Eso lo denunció el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo), quien como si se tratara de un periodista más, decidió conocer los cambios de la ponencia de boca de sus colegas. Por eso calificó esta ponencia como "la reforma de la inmoralidad", porque "no habrá lugar a impedimentos y, en consecuencia, la gente podrá votar proyectos de ley, así vaya a votar para beneficio propio".
Avellaneda dice que si algo no queda bien en la reforma, los congresistas la pueden complementar en esos proyectos de ley reglamentarios.
Una de las preguntas que más inquietaron a los periodistas es si estos cambios los conocía los presidentes de las altas Cortes. Luis Fernando Velasco, quien oficiaba como moderador de la rueda de prensa, respondió sin ambages: "el acuerdo de poderes fue sobre temas, pero esta es la propuesta del Congreso. Pedimos que se respete la autonomía del poder legislativo".
Los senadores ponentes se defendían de las preguntas, y en algunas respuestas consideraban que en la ponencia sólo se incluyeron las garantías de sus derechos. Eduardo Enríquez Maya dice que con todo y estas propuestas, el congresista colombiano sigue siendo el único ciudadano en el mundo a quien lo juzgan dos veces por el mismo hecho.
Enumeró que están expuestos ante la Corte Suprema, ante la Procuraduría, ante el Consejo de Estado, ante la Contraloría.
Velasco dio por concluida la rueda de prensa con un nuevo dardo. "No hicieron una pregunta sobre la descongestión judicial". Pero fue el propio Enríquez Maya quien concluyó la conferencia para decir que "reiteramos el llamado para que los presidentes de las Cortes nos acompañen en los próximos debates del proyecto con sus calificadas opiniones". No se sabe si las Cortes, después de conocer la ponencia, consideren que el acuerdo de poderes se cumplió.